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La buena situación económica municipal ha permitido que Callosa d’en Sarrià pueda beneficiarse del nuevo decreto gubernamental por el que se podrá destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles con una ampliación en el objeto de las mismas. Una medida que ha reivindicado la FEMP durante mucho tiempo y que finalmente podrá materializarse en aquellos municipios que han conseguido con gran esfuerzo y planificación una estabilidad presupuestaria.

Por ello, el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià podrá mejorar distintas infraestructuras de la ciudad y, con ellas, el bienestar de los vecinos y vecinas, ya que las entidades locales que están cumpliendo económicamente podrán ahora revertir este esfuerzo en sus ciudadanos y no en amortizar deuda cuando ésta se encuentra en unos límites asumibles. De hecho, la deuda municipal de Callosa se encuentra en un total de 758.134,25 euros.

Así, a través de una modificación presupuestaria, aprobada en Pleno extraordinario el pasado 29 de marzo, se destinarán 943.475,38 euros del remanente de tesorería a la sustitución de la tubería de impulsión del Margeve-Onaer (Tramo I) con una partida de 377.373,04 euros, a la renovación y mejora de equipos de medida de agua potable con la partida de 330.000 euros, a la reparación y consolidación de Camí de la Casilla (obra ya ejecutada por el Ayuntamiento) por una cuantía de 76.787,89 euros, a la adquisición de los terrenos de Peña Severino un coste de 66.900 euros y a la renovación parcial de la red de agua potable de las calles de la urbanización Almedia por 23.957,37 euros. Asimismo, se destinarán un total de 68.457,08 euros a pagar facturas a proveedores y servicios a concesionarias, entre otros.

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, gracias a su estabilidad presupuestaria, cuenta con un superávit de 1.417.768,47 euros y un remanente de tesorería positivo de 2.769.840,91 euros. Un ahorro que ahora podrá revertir en los ciudadanos, aunque, según el equipo de gobierno, la autonomía local sigue sin estar garantizada, ya que el Estado sigue marcando en qué se han de gastar el dinero que responsablemente ha ahorrado cada municipio.